La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República archivó el dictamen que proponía aprobar el “Acuerdo entre la República del Perú y el Gobierno de la República de Brasil para el suministro de electricidad a Perú y exportación de excedentes a Brasil”, más conocido como el Acuerdo Energético Perú – Brasil. 

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Dicho acuerdo, firmado el 2010 por los ministros de Relaciones Exteriores de Ambos países, fomentaba la construcción de diversas hidroeléctricas en nuestro territorio, en especial la Amazonía. Entre los principales proyectos se encontraban la Central Hidroeléctrica de Inambari (entre Puno, Cusco y Madre de Dios) y Pakitzapango (Junín), los cuales causaron el rechazo de la población afectada porque implicaba un desplazamiento forzoso e incluso daños ambientales.

[Ver infografía de los proyectos hidroeléctricos]

El Acuerdo, firmado durante los gobierno de Lula Da Silva (Brasil) y Alan García (Perú) necesitaba ser debatido y aprobado en los congresos de ambos países. En Perú se derivó dicho acuerdo, a través de un proyecto de ley, a la comisiones de Relaciones Exteriores, y la de Ambiente y Ecología (donde aún no se ha debatido).

Desde la firma de los cancilleres, el Acuerdo Energético ha sido rechazado por varios especialistas y organizaciones civiles, quienes sostienen que dicho documento merece “ser profundamente revisado y renegociado, para garantizar que sus términos correspondan a un tratado justo y equitativo entre naciones hermanas, donde tanto los beneficios como los costos y riesgos sean adecuadamente compartidos”.

PROYECTOS SIGUEN VIGENTES

Según Carmen Heck, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), si bien el Congreso no ha aprobado el Acuerdo, el Ejecutivo aún mantiene en agenda la los proyectos hidroeléctricos. “En ese sentido es importante que como país trabajemos en una planificación energética integral y participativa”, señaló.

Cabe resaltar que en marzo de este año, el gerente general de Electroperú, Jesús Ramírez, declaró que desde el año pasado mantiene conversaciones con la constructora brasileña OAS con el fin de retomar el proyecto de la hidroeléctrica Inambari, paralizada en el 2011 debido a irregularidades en su Estudio de Impacto Ambiental y a las protestas sociales en contra de esta inversión.

Ante situaciones como esta, Herck Franco hace un llamado para que el Gobierno trabaje en la “mejora de los estándares ambientales y sociales para la evaluación y ejecución de este tipo de proyectos”.