Ayer, todos celebramos la noticia que mostraba a la dirigente asháninka Ruth Buendía recibiendo el premio Goldman (conocido también como el “Premio Nobel Verde”), un galardón internacional que la coloca entre los principales líderes internacionales que luchan por un planeta más sostenible. Sin embargo, ¿sabemos exactamente por qué la eligieron como una de las ganadoras? 

El premio Goldman otorgado a Ruth Buendía está relacionado con el trabajo que viene realizando como presidenta de CARE (Central Asháninka del río Ene) para frenar los proyectos hidroeléctricos que amenazaban sus territorios, y exigir que el Gobierno respete el derecho de las comunidades que serían afectadas a la Consulta Previa y a no ser desplazados sin su consentimiento. Estos proyectos son las centrales hidroeléctricas Pakitzapango y Tambo 40, cuyas ubicaciones se superpondrían a comunidades asháninkas.

Según la abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Carmen Heck, “la preocupación por ambos proyectos se inició en el gobierno de Alan García, cuando se firmó el Acuerdo Energético Perú-Brasil, que tenía como objetivo promover la construcción de centrales hidroeléctricas en la Amazonía peruana para exportar la energía al vecino país”.

“En el marco de este Acuerdo, se habían priorizados 5 proyectos, entre los que se encontraban Pakitzapango y Tambo 40. Si bien este acuerdo no ha entrado en vigencia, ya que hasta la fecha no ha sido ratificado por el Congreso de la República, los proyectos se encuentran dentro de la cartera de inversión del gobierno y han sido objeto de concesiones temporales, ambas extintas a la fecha”, señaló la especialista.

—->Ver infografía sobre las hidroeléctricas que se pretenden construir en la Amazonía peruana<—–

¿Por qué reclamaron los asháninkas? La construcción de estas hidroeléctricas implicaban el represamiento de los ríos Tambo y Ene, inundando grandes extensiones de bosque (Pakitzapango: 73 mil has – Tambo 40: 22 mil has), lo cual significaba no solo la pérdida de biodiversidad, sino también la pérdida de un territorio ancestral asháninka, considerado sagrado por su cultura. Esto significaba también que las comunidades asentadas en este territorio, afectadas antes por el terrorismo, debían desplazarse de manera forzada.

“En vista del impacto que los proyectos tendrían, Ruth logró unificar a las comunidades de la zona, para presentar su posición y exigir el respeto de sus derechos, no solo ante las autoridades nacionales sino también internacionales, acudiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar que el otorgamiento de las concesiones temporales no respetó el derecho de Consulta Previa. Esta actividad constante de la lideresa, además, posicionó en la agenda internacional la preocupación por el futuro de los ríos amazónicos”, resaltó Heck Franco.

La abogada también indicó que a nivel mundial “existen evidencias concretas de los altos impactos negativos que generan las grandes represas, sobre todo aquellas ubicadas en zonas tropicales”. Los principales impactos, agregó, son “el desplazamiento forzoso de comunidades indígenas, la disminución de recursos pesqueros, la pérdida de biodiversidad y la alta producción de gases de efecto invernadero (lo cual desmitifica la idea de que se trata de una alternativa ‘limpia’ de producción de energía)”. 

“El trabajo de Ruth Buendía ha servido para evidenciar la poca transparencia con la que se planifica el desarrollo energético y los grandes proyectos de inversión en el país, así como los vacíos que existen todavía en nuestro marco legal, los cuales no logran garantizar una adecuada participación de las poblaciones afectadas en las tomas de decisiones alrededor de este tipo de proyectos”, agregó.

PROYECTOS PUEDEN SER RETOMADOS

Heck aclaró además que si bien los derechos otorgados para el desarrollo de estos dos proyectos se encuentran extintos, “aún se mantiene la preocupación porque puedan ser retomados en el futuro, debido a que el gobierno todavía los mantiene en su cartera de proyectos de inversión y son parte de las proyecciones que maneja el Ministerio de Energía y Minas en sus instrumentos de planificación”.

“Por eso, y porque estos son solo 2 de varios proyectos hidroeléctricos ubicados en nuestra Amazonía (destacan 18, que tendrían una capacidad instalada mayor a los 200MW), urge que como país trabajemos en una verdadera planificación energética, integral y participativa, que con una visión de cuencas y no solo de proyectos vistos de forma independiente, permita evaluar posibles impactos tanto positivos como negativos, y definir cuáles serán las fuentes de energía que priorizaremos, no dejando esta importante decisión solo a en manos de la empresa privada”.

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Foto: Terra