El Ministerio del Ambiente (Minam) declaró en emergencia la cuenca del río Corrientes debido a las denuncias de los representantes de los pueblos Achuar, Urarina y Kichwa de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO). La denuncia se sustenta en la presencia de hidrocarburos y metales pesados como plomo, cadmio y arsénico, que contaminan las aguas del río y afectan a las comunidades nativas de Antioquia, José Olaya, Pampa Hermosa, Sauki, Valencia, Pijuayal, Belén, Sion, San José, Santa Rosa y Nueva Jerusalén. 

El lunes 14 de octubre se programó un diálogo entre apus y comuneros de la cuenca con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, para tratar los temas de manejo sostenible, trabajos de recuperación y remediación de la zona afectada, pero el diálogo no se llevó a cabo.

Ante la reunión frustrada, el Apu de la Comunidad de Antioquía, Domías Hualinga Sandi, llegó a Iquitos acompañado de otros líderes indígenas para viajar a Lima, reunirse con el mencionado ministro y dar solución a las protestas de los pobladores. Hualinga Sandi declaró: “Nosotros no podemos esperar más tiempo, no estamos de acuerdo con que se siga prolongando la declaratoria de emergencia y de esta forma todo el mal que padecemos”.

Como resultado de la reunión, el ministro visitó el viernes 18 de octubre la comunidad José Olaya (cuenca del río Corrientes) donde asistieron representantes de las 11 comunidades indígenas que habitan en esa zona. Pulgar-Vidal aprovechó para explicar a los Apus la decisión de declarar en emergencia la cuenca del río Corrientes por 90 días, buscando salvaguardar la salud de la población e iniciar la remediación de las zonas afectadas y con ello mejorar las condiciones de vida de los pobladores.

Estas acciones estarán a cargo de entidades públicas y privadas, que deberán ser coordinadas con el Gobierno Regional de Loreto.

Se programó para el próximo 22 de octubre una nueva reunión de coordinación con representantes de la Feconaco. Por otro lado, del 18 de noviembre al 5 de diciembre se realizará un nuevo monitoreo ambiental participativo en las comunidades indígenas de la cuenca en el ámbito del Lote 8 de la empresa Pluspetrol.