Tras el anuncio de la Presidencia del Consejo de Ministros, en torno a la ampliación de plazos en el proceso de formalización minera, realizada por organizaciones de mineros pequeños y artesanales, las organizaciones firmantes de este pronunciamiento señalamos lo siguiente:

1. Consideramos que la nueva ampliación del proceso de formalización minero constituye un retroceso en la batalla contra la minería ilegal en diversas zonas del país. Creemos que es importante diferenciar a aquellos mineros que se han acogido al proceso de formalización de otros que, a través de diversas evidencias, no han demostrado interés en formalizarse. Para estos últimos, la ampliación de plazos no es un incentivo para formalizarse, sino más bien una buena excusa para mantenerse en la ilegalidad con el consiguiente daño a la institucionalidad, la salud y el ambiente. De hecho, creemos necesario fortalecer las acciones de interdicción destinadas a dicho grupo.

2. Creemos importante, además, que los distintos organismos del Estado involucrados en el proceso de formalización minera asuman con prontitud y firmeza sus compromisos en torno a la formalización de esta actividad. Estos organismos son:

• El Ministerio de Energía y Minas, encargado de acompañar a las regiones en el proceso de formalización.

• El Ministerio de Agricultura que, a través de la Autoridad Nacional del Agua y Dirección Forestal, tiene el deber de apoyar en los temas de uso de agua, tala y desbosque.

• El Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, que trabajan en el caso de trata de personas.

• El Ministerio de Cultura, encargado de garantizar la protección del patrimonio cultural.

• El Ministerio de Salud, encargado de la salud de la población.

• El Ministerio del Ambiente, que debe consolidar la Procuraduría Ambiental y, a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, garantizar el respeto de las áreas naturales protegidas.

• El Ministerio de Transportes que, a través de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías –y en coordinación con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria–, debe controlar el transporte de mercurio y cianuro.

• El Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, encargados de perseguir y sancionar los delitos relacionados a la minería ilegal; y, finalmente,

• Los gobiernos regionales, responsables de emprender la formalización y fiscalización de la minería a este nivel, así como brindar la información adecuada en el proceso de formalización.

3. Es imperativo que en el proceso de diálogo en torno a la formalización minera se incluya también a la población afectada por esta actividad ilegal. Son ellos (agricultores, productores agroforestales, concesionarios forestales, titulares de áreas de conservación, entre otros) quienes han visto vulnerados sus derechos a la salud y seguridad personal, al buen vivir y a gozar de un ambiente sano y equilibrado.

4. Es necesario que el Estado implemente los diversos mecanismos que ha emitido en base a los decretos legislativos como, por ejemplo, la ventanilla única a cargo del MINEM, SERNANP, MINCU, ANA y gobiernos regionales. Asimismo, se debe definir a nivel nacional las zonas donde no se puede ejercer la actividad minera, como ha ocurrido en Madre de Dios. Este paso es prioritario si buscamos un ordenamiento de la actividad para, de esta manera, evitar también los conflictos socioambientales.

5. El gobierno central, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, debe destinar recursos económicos a las regiones para que estos sean utilizados en el proceso de formalización. Hasta la fecha, los recursos han sido insuficientes. Un claro ejemplo de esta carencia es el reducido número de funcionarios dedicados a este proceso. Por ejemplo, en Madre de Dios solo 18 personas están encargadas de verificar más de 5200 expedientes de mineros, en el gobierno regional. Este es el gobierno regional que cuenta con más personal destinado a estas labores.

6. Exigimos una lucha frontal contra la corrupción en torno a la minería informal, la misma que debe ser asumida como una obligación central por los organismos involucrados en el proceso. Además, solicitamos a los órganos de control realizar su labor con celeridad.

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA

ProNaturaleza

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR

Amazónicos por la Amazonia – AMPA

Servicios Educativos Rurales – SER

Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER

CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo

Asociación Rumbos del Perú

Conservación Internacional Perú

Instituto del Bien Común – IBC

Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza – APECO

Centro de Asesoría Laboral del Perú – CEDAL

Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE

Grupo Propuesta Ciudadana

Asociación Ecosistemas Andinos – ECOAN

Sociedad Zoológica de Francfort – SZF

Lima, 23 de agosto de 2013.