El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, informó que de 77 mil mineros que presentaron una declaración de compromiso –primer requisito para dejar la ilegalidad– unos 30 mil están en proceso de formalización y el resto ha quedado fuera, sin opción a extensiones de plazos.

“Son 30 mil que están continuando el proceso de formalización. Sobre los 47 mil que quedan fuera, ahí el proceso no puede continuar y no hay una extensión de plazo”, informó a RPP Noticias.

Pulgar Vidal indicó que para los que quedan fuera o se rehúsan a la formalización, el Gobierno viene trabajando un proceso de saneamiento y de ordenamiento de la minería.

“Este plan contempla priorizar la interdicción en zonas clave, sacar plantas del beneficio del régimen de excepción, terminar de regular los combustibles, expulsar a los operadores extranjeros, fortalecer la fiscalización, el accionar de la justicia y priorizar la tecnología limpia”, precisó.

El ministro también dijo que la capacidad de fiscalización de la minería ilegal, a cargo de los gobiernos regionales, “es mínima” y que el Gobierno central no debió transferir esa competencia. Sin embargo, resaltó que gracias a la modificación de una ley, si se prueba que no hay condiciones de pequeña minería, ahora el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) puede iniciar procedimientos administrativos sancionadores e imponer multas.

“El Gobierno nacional vuelve a intervenir en aquello que nunca debió perder, nunca debió transferir a los gobiernos regionales esta competencia, porque no tienen ninguna capacidad para hacerlo”, sentenció.