La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica solicitó prisión para el alcalde de Espinar (Cusco), Óscar Mollohuanca y los dirigentes Herbert Huamán Llave y Sergio Huamaní, todos ellos acusados de cometer delitos contra la seguridad, disturbios, apología del delito, entre otros, durante las protestas contra la empresa minera Xtrata Tintaya en mayo de 2012.

La Fiscal María Ley Tokumori pidió 10 para el alcalde y 4 para los dirigentes del Frente Único de Defensa de Espinar, quienes dirigieron las protestas contra la empresa minera por presunta contaminación de los principales ríos de la zona. Asimismo, para pedir el incremento del aporte de Xtrata mediante el Convenio Marco. Los enfrentamientos entre manifestantes y policías dejaron varios heridos en ambas partes, y dos campesinos fallecidos (Walter Sencia y Rudeciendo Manuelo).

Según informa La República, la fiscal también demandó cuatro años de prisión para Ezequiel Quehue Choqueccota, Juan Antonio Huaytapuma, Daniel Condori Vilca, Roger Chullo Caballero y Romualdo Ttito Pinto. Todos miembros de Serenazgo de la comuna espinarense a quienes se les acusó de trasladar bombas molotov en camionetas del municipio. Finalmente, solicitó una reparación civil de 100 mil nuevos soles, que se pagará “solidariamente” por todos los acusados.

La investigación se desarrolló en Ica, desde mayo de 2012. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidió remitir el caso fuera de Cusco, porque no existía garantía para los fiscales. El caso fue asumido por la titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, María Ley Tokumori.

Según la abogada Maritza Quispe, integrante del Área Legal de la organización Derechos Humanos sin Frontera, que brinda apoyo legal a los acusados, la “acusación es débil y sin fundamentos”. “Creemos que es una presión política por parte del Estado. La fiscal no se tomó su tiempo para formular su acusación”, señaló.

Por su parte, el presidente del Frente de Defensa de Espinar, Herbert Huamán, sostuvo que la decisión de la fiscal demostraría que el Gobierno y la empresa minera presionan al Ministerio Público para “vengarse de quienes hemos defendido causas justas”.

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Foto: La República