(ANDINA). El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, informó hoy que el plan de reestructuración presentado por Doe Run Perú (DRP) a la Junta de Acreedores no garantiza las condiciones mínimas para proteger el medio ambiente de la ciudad de La Oroya ni la salud de la población de la zona.

“Hubo muchos condicionamientos que no tenían nada que ver con el proceso concursal y por más que la Junta de Acreedores tuvo la voluntad de que se reinicien las operaciones del Complejo Metalúrgico, el plan de DRP no garantizaba las condiciones mínimas para proteger el medio ambiente de la ciudad y la salud de los pobladores“, dijo.

Agregó que por ello no se aprobó el plan de reestructuración y la Junta de Acreedores tomó la decisión de iniciar una liquidación en marcha, con la finalidad de que los trabajadores mantengan sus empleos y la empresa continúe con sus operaciones, pero bajo una administración temporal.

Indicó que la intervención de la Junta de Acreedores evitó que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi) declare a la empresa en liquidación, lo cual hubiese sido irreversible y perjudicial para los trabajadores.

Reiteró que la liquidación en marcha no significa el cese de las operaciones totales, sino que estas van a continuar, a través de la mina Cobriza, que permitan culminar con el Complejo Metalúrgico y operar en condiciones normales.

“Es bueno aclarar la situación a los trabajadores y a toda la población de La Oroya, porque están siendo desinformados por los directivos de la empresa y terceras personas en el sentido de que van a perder sus puestos laborales y que van a cesar las operaciones. Esto no es verdad, los están engañando”, aseveró.

Shinno se presentó ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República para explicar la manera cómo la Junta de Acreedores tomó la decisión de declarar a la empresa Doe Run Perú en “liquidación en marcha” el pasado 12 de abril.

Hizo un breve recuento del tema y recordó que de acuerdo al proceso concursal, en una primera etapa, se acordó darle la administración a DRP para que presente un plan de reestructuración que sea viable.

“Dentro de ese marco debía cumplir con los estándares ambientales, tanto de calidad ambiental como de límites máximos permisibles vigentes. Sin embargo, la empresa presentó planes que condicionaban la participación del Estado”, dijo.

Señaló que DRP incluyó en sus planes que el Estado asuma juicios que la empresa tiene en Missouri (Estados Unidos), no aplicar los estándares ambientales permisibles, no asegurar el financiamiento del complejo metalúrgico y la exigencia de la remediación de los suelos de La Oroya.

Explicó que la empresa llegó a esta situación por su propia irresponsabilidad y, posteriormente, por la decisión de la Junta de Acreedores porque no presentó un plan viable.

“El único responsable que ha llevado a esta situación es la misma empresa por no presentar un plan de reestructuración que sea viable y aceptado por toda la Junta de Acreedores”, respondió.

En ese sentido, agregó que el gobierno y el Ministerio de Energía y Minas no permitirán que se siga excediendo los estándares permisibles ambientales.

“A DRP se le ha dado todas las oportunidades y no las ha cumplido. Hoy estamos en una situación distinta, donde no es decisión del MEM sino de la Junta de Acreedores para decidir cuál será el futuro de la empresa”, acotó.

Finalmente, sostuvo que el gobierno apostará y defenderá los derechos laborales de todos los trabajadores de la empresa.

“Le pido calma a los trabajadores. El Estado siempre apostó por la reanudación de operaciones en La Oroya, pero respetando el medio ambiente, la salud de la población, y garantizando el empleo de los trabajadores conservando sus sueldos y beneficios sociales”, concluyó.