(EFE).- La ONG Oxfam América solicitó hoy al Congreso de EE.UU. que pida al Gobierno de Perú que se mantenga firme contra la reapertura de la fundición de plomo Doe Run Perú (DRP) en la ciudad de La Oroya, uno de los lugares más contaminados del mundo, según informó hoy la organización en un comunicado.

La petición de la organización se produce mientras el Legislativo peruano debate si le concede o no a la empresa una extensión para ejecutar sus compromisos medioambientales, lo que podría suponer la reapertura de la fundición.

Doe Run Perú, de capital estadounidense, paralizó en 2009 las operaciones del complejo metalúrgico de La Oroya, a 185 kilómetros al este de Lima, tras afrontar serios problemas de financiación.

Desde ese momento, los cientos de trabajadores de la empresa reciben un porcentaje de su sueldo, mientras que organizaciones sociales y ambientalistas han denunciado los repetidos intentos de la empresa de postergar la aplicación de los planes de control de la contaminación con plomo en La Oroya.

"Si se concede, la fundición podría volver a abrir y poner a los niños de La Oroya en riesgo otra vez", advierte la nota.

"De acuerdo con estudios del Gobierno en 2011, los niveles de plomo en sangre de los niños han disminuido en comparación con otro realizado en 2005 (...), el cual concluyó que el 97 por ciento de los niños en la ciudad menores de seis años sufrían elevados niveles de plomo en sangre", añade.

"Esperamos que el Gobierno peruano mantenga su posición firme frente a Doe Run en las negociaciones actuales y defienda la salud de los trabajadores y los niños inocentes de La Oroya", declaró Keith Slack, director del programa mundial de petróleo, gas y minería de Oxfam América.

"La operación de fundición debe permanecer cerrada hasta que la empresa toma las medidas adecuadas para controlar la contaminación tóxica", insistió.

Sin embargo, la estadounidense Renco Group, a la que pertenece DRP, "ha desviado" el asunto de La Oroya al presentar una demanda de 800 millones de dólares contra Perú en el marco del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, lo que, según la organización, es una clara estrategia para presionar al Gobierno peruano para que conceda la prórroga.

Dieciocho miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y al secretario del Tesoro, Timothy Geithner, para expresar sus preocupaciones en relación con el comportamiento de Renco Group y su filial.

En enero pasado se anunció que el complejo metalúrgico volvería a funcionar bajo la administración de Doe Run, tras una decisión de la Junta de Acreedores, que acordó que la empresa debería respetar y garantizar los derechos de los 3.500 trabajadores, así como la política ambiental del Estado.

Doe Run Perú opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya desde 1997, y la mina Cobriza, en la región Huancavelica, desde 1998, y produce principalmente plomo, zinc, cobre, plata y oro.

A partir de la crisis financiera internacional, la minera redujo sus operaciones al mínimo aduciendo que no tenía recursos suficientes, después de que se le suspendiera un crédito de un conjunto de bancos extranjeros.

La firma fue expulsada luego de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) por no completar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), un compromiso que ha avanzado desde 2006 en poco más del 50 % y aún requiere de una inversión de unos 160 millones de dólares.