(ANDINA) Los financistas de la minería ilegal en zonas protegidas del país pueden recibir una pena máxima de hasta 12 años de prisión efectiva por colaborar con dicha actividad, precisó hoy el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales.

Resaltó el decreto legislativo que tipifica la actividad de exploración, extracción, explotación y otros actos similares de recursos minerales metálicos o no metálicos que no cuentan con autorización del Ministerio de Energía y Minas.

Mencionó que la penalidad se agrava cuando se trata de funcionarios públicos o cuando se emplea también a menores de edad o a personas que resultan inimputables.

“Los financistas, que son en su gran mayoría los que están detrás de estas actividades, reciben una sanción, la más drástica de hasta 12 años”, dijo en el programa Los Fiscales, que trasmite TV Perú.

Peláez Bardales aclaró que esta nueva norma, que entrará en vigencia el próximo 16 de marzo, no está dirigida a los mineros artesanales quienes, a diferencia de la minería ilegal, si están registrados para realizar una actividad en zonas no protegidas.

“En cambio la otra minería (la ilegal) es en gran escala y no tiene autorización ni registro, no se han formalizado. Se trata de una minería que está al margen de todo control legal”, manifestó.

Peláez Bardales señaló que esta actividad ilícita no sólo afecta la salud de las personas por el uso de sustancias tóxicas, sino también que se viola la ley a través de otras actividades criminales como la trata de personas, prostitución infantil y lavado de activos.

“En estas actividades muchas veces está metido el narcotráfico con el lavado de activos, trata de blancas, explotación de niñas que son trasladadas a estos centros infringiendo la ley”, agregó.

Reveló que la minería ilegal genera aproximadamente dos mil millones de dólares y se encuentra vinculada en muchos casos al crimen organizado y otras actividades delictivas.

El Fiscal de la Nación informó que ha impartido instrucciones para que los fiscales, sobre todo de las zonas de conflicto, actúen de acuerdo con lo señalado en el grupo de normas que busca combatir la minería ilegal, dado que entrarán en vigencia a partir del 16 de marzo.

“También hemos pedido la colaboración de las  direcciones regionales de energía y minas de los diferentes gobiernos regionales para que emitan oportunamente los certificados o las constancias que acrediten que tales personas o tales entidades jurídicas están debidamente formalizados o tienen la licencia correspondiente para que se pueda proceder a la labor de interdicción o persecución”, refirió.

En otro momento, Peláez informó que su despacho ya impartió las directivas correspondientes para que los fiscales actúen de manera preventiva frente a movilizaciones en el departamento de Madre de Dios a favor de la minería ilegal.

“Porque pueden haber ataques a la propiedad privada o pública, lesiones, acciones que configuran actos ilícitos que tienen que ser perseguidos”, subrayó.