Víctor Zambrano es presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata (Madre de Dios) y testigo directo de la situación que ocasiona la minería ilegal y la lentitud de las entidades del Estado para ayudar a los titulares de las concesiones forestales a defender sus bosques. 

En la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata: ¿En qué situación se encuentran las concesiones forestales en relación a la minería ilegal? Se menciona en una nota publicada por la Contraloría que en algunas de ellas se realizan actividades de minería ilegal, dando a entender que serían los mismos concesionarios los que llevan a cabo la actividad. ¿Es ese el caso más recurrente?

Por lo general no son los mismos concesionarios quienes realizan las actividades mineras. A veces, al no tener respaldo de ninguna autoridad, se ven rebasados por las turbas que ingresan de manera matonesca a las concesiones y no les queda otra alternativa que transar y hacer arreglos que les otorgan regalías por dejar que pasen los mineros y realicen sus actividades. Pero estos casos son excepciones. Hay algunos convictos y confesos, y con ellos estoy totalmente de acuerdo con que les caiga todo el peso de la ley y que se produzca la reversión de la concesión, pero lo que suele darse mayoritariamente son invasiones porque las personas no tienen los elementos para defenderse y porque no tienen al Estado ahí. Después de haber hecho un montón de denuncias, igual son invadidos.

¿El principal problema para las concesiones forestales dentro de la zona de amortiguamiento es la minería ilegal o son también una amenaza la deforestación y la práctica de agricultura?

El principal problema es la minería y los pseudoagricultores que se han metido a las concesiones de reforestación y que, a pesar de las denuncias, de ir a la fiscalía y estar visibles, convictos y confesos, no son interdictados. Y no son unos cuantos, son mafias organizadas. Precisamente en la zona de San Juan, en el Km. 70-75, todo está invadido de ilegales que dicen ser agricultores, pero son gente que se mete con el cuento del agricultor para empezar con la actividad minera. Pasa lo mismo en la zona de Santa Rosa, en el km. 143, donde hay invasiones de grupos manejados por traficantes de tierras. En otros lugares hay problemas de tala ilegal por efecto de invasiones de pseudoagricultores con el boom de la papaya.

¿Cómo suelen operar los mineros ilegales cuando realizan una invasión? ¿Cuentan con asesoría legal, saben qué entidades estatales operan lento o mal para usarlo a su favor?

Sí. Se ha dado el caso de ex trabajadores de algunas instituciones, como de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre, que ahora se dedican a eso. Y lamentablemente lo que ha pasado es que cuando salen (de la institución) se llevan toda la información. Entonces la Dirección se queda en blanco y cuando va el concesionario a hacer algún reclamo, no tiene nada, y él mismo tiene que llevar sus antecedentes para que le reconstruyan su expediente. Y esos que se fueron manejan toda la información cartográfica y saben dónde hay un sitio, cuándo va a caducar una concesión, etc. para poder meter a un pariente en ese espacio.

¿Quienes promueven esas acciones ilegales cuenta con más información y mejor logística que las mismas instituciones del Estado?

Por supuesto que sí. Y estas actividades ilegales llegan en automático a las instancias gubernamentales más altas. Inclusive hay denuncias por parte de los ilegales porque no los dejan entrar a concesiones que han invadido. Algunos dicen que estas denuncian se harían ante el mismo Presidente de la República y ha sucedido que lo ilegal llega más rápido a las instancias más altas de poder que las cosas que se estructuran como corresponden.

¿Qué consecuencias no buscadas podría generar declarar la caducidad de los contratos de las concesiones forestales? 

En el caso de los que tienen una concesión forestal y se metieron definitivamente (a la minería ilegal), estoy totalmente de acuerdo que les caiga todo el peso de la ley. Pero debemos considerar para los otros casos que el primer elemento que debemos apoyar y respaldar es el que está defendiendo el espacio territorial (la concesión). En el caso de una vacancia debe haber medidas de prevención y planes alternativos inmediatos frente a esa decisión para que la concesión tenga el mismo tratamiento y las mismas condiciones de aquel que va a asumir esa responsabilidad y que no quede vacía. Porque los ilegales, en menos de 24 horas, van a saber que los caducaron y van a incentivar que se ingrese al territorio. Ellos manejan mejor la información que los mismos concesionarios que están legalmente constituidos. No es cuestión de que se intervenga una concesión, se la caduque y esa concesión quede al libre albedrío de los ilegales.

¿Cuáles son los principales problemas desde el lado de la defensa legal de los concesionarios ante las invasiones de mineros o pseudoagricultores?

El tema principal es la gestión de OSINFOR (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre) para dar respuesta a una denuncia de los concesionarios forestales. En Puerto Maldonado solo existe una oficina que funciona como mesa de partes porque no determina. Todo el expediente se va a Lima, donde se califica la denuncia, pero ¿en cuánto tiempo? La ineficiencia o desidia de estos funcionarios que trabajan en Lima da como resultado estos problemas que los están sufriendo, en este momento, los concesionarios de reforestación que sí quieren hacer las cosas bien.

Otro de los problemas complicados con el que lidian los que tienen una concesión forestal en Madre de Dios, además del embate de los mineros, es el Estado a través de OSINFOR que se les va encima con sus medidas de control y fiscalización. Se ha actuado de manera muy drástica contra humildes campesinos que se han visto rebasados por un error cometido. Ese es el drama que se está viviendo en este momento: los campesinos se han equivocado en el manejo de su concesión y, por ejemplo, han cortado un palo semillero pero están aceptando su error. Finalmente ellos son los que están defendiendo ese espacio territorial de esa horda minera. Encima que están bajo esa presión, el Estado le aumenta con cosas punitivas. ¿Entonces qué es lo que se está esperando, que ellos también se entreguen a la actividad minera?

¿La presencia del Estado se da para ejercer fiscalización y no ayuda en la defensa del espacio de la concesión?

Los concesionarios son gente nuestra, que está cerca, que acepta errores y correcciones para poder seguir avanzando en la defensa de sus concesiones. Pero hay gente que ya se metió con todo (a la minería ilegal). Son los que facilitan entradas de los caminos, hacen sus tranqueras, cobran por cada persona que pasa por ahí. Son gente conocida. Sin embargo, no lo voy a confirmar oficialmente, pero a ellos los han sancionado y como ya son mineros prácticamente y tienen dinero suficiente, dicen: “bueno pues, ¿cuánto debo a OSINFOR?” Y pagan su multa. Y como pareciera que a OSINFOR lo único que les interesa es cobrar las multas, entonces se queda conforme. Y cada vez que viene la inspección le ponen el castigo y otra vez pagan. Y así sucesivamente. Pero aquellos que no están metidos en la minería ven en esas cantidades cifras imposibles que en toda su vida van a poder acumular.